«Nombrá la mayor empresa petrolera del mundo. ExxonMobil? British Petroleum? Royal Dutch Shell? De hecho, las 13 mayores empresas de energía en la Tierra, medidas por las reservas que controlan, son ahora propiedad y operadas por gobiernos. Saudi Aramco, Gazprom (Rusia), China National Petroleum, National Iranian Oil, Petróleos de Venezuela, Petrobras y Petronas (Malasia) son todas mayores que ExxonMobil, la más grande de las multinacionales. En conjunto, las empresas petroleras multinacionales producen solo el 10% del petróleo y el gas mundiales. Empresas estatales controlan hoy más del 75% de la producción de crudo.»
El párrafo anterior no es el inicio de un discurso de CFK. Es el comienzo de esta nota en el Wall Street Journal (traducción mía). Así que parece que el gobierno argentino no está solo en esta idea de que el estado sea el que controle el petróleo disponible en la nación.
Sin embargo, la decisión anunciada esta semana de expropiar las acciones de YPF en manos de Repsol es, en mi opinión, a la vez errónea e inconveniente para los intereses de largo plazo del país.
Es errónea e inaceptable, no por una cuestión de fondo sino de forma. La responsabilidad número uno de un estado es garantizar la plena vigencia del estado de derecho y el cumplimiento del orden legal. Eso está en mi opinión incluso por encima de dictar las políticas públicas más convenientes a la coyuntura o al largo plazo. La confianza entre los actores sociales es absolutamente esencial para que un país funcione y se desarrolle. Esta confianza nace de que los demás puedan creer que el otro va a cumplir con aquello que se compromete a hacer, y que si no lo hiciere existirá una instancia judicial que así lo promueva. Cuando eso falta, todo lo demás queda en segundo plano.
Imaginemos por un minuto que en un rapto de locura yo malvendo mi auto a un conocido. Pasa poco tiempo para que me dé cuenta de lo erróneo de mi decisión, pero… ¿Puedo yo tomar por la fuerza el auto de vuelta? ¿O, me guste o no, producto de mi propia estupidez, deberé pagar por el auto el precio que vale y afrontar las consecuencias de mi mala decisión anterior?
El Estado tiene la posibilidad de dictar leyes que cambien el statu quo. Pero esas leyes no pueden afectar arbitrariamente derechos adquiridos retroactivamente, como sucede en el caso de una expropiación. Si validamos que recuperar el control del petróleo por parte del estado era deseable, había muchas maneras de conseguirlo. ¿Podría el Estado Argentino haber rescindido concesiones de áreas petroleras, fundándose en incumplimientos contractuales de Repsol, como de hecho hizo hasta la semana pasada? ¿Podría haber modificado el marco regulatorio de la actividad a futuro para exigir el cumplimiento de pautas estrictas en la gestión de YPF para alinear sus metas a los intereses de la Nación? ¿Podría haberse sentado a negociar para comprar la participación de Repsol en YPF y acordar civilizadamente un precio para adquirirlas? En los tres casos la respuesta es: Sin duda sí. Esa es la función de un estado: cumplir y hacer cumplir la ley y regular hacia adelante la manera de operar del sector privado para evitar abusos y conflictos con los intereses del país.
Cualquier persona sabe lo importante que es tener una buena reputación. Ir por la vida generando fama de «garca» no parece una buena idea. Tampoco lo es para un país. Con los antecedentes de la confiscación de depósitos de 2001, la estatización del sistema de jubilaciones en 2008, la manipulación de estadísticas oficiales para reducir pagos de intereses a tenedores de deuda soberana argentina y muchas otras locuras anteriores, hemos acumulado una merecida fama de ser gente poco confiable. Reforzar eso por muchos años más es el costo oculto de la medida de esta semana. Esa es la razón por la cual opino que haber expropiado las acciones no solo está mal, por las razones que expuse, sino que probablemente termine dando un saldo negativo para la Argentina en el largo plazo (además de mi descreimiento en el management público). Tal vez soy naïf. Pero quizá lo más triste es que podía haberse hecho lo mismo de otra manera. Recuperar el control del petróleo con la ley en la mano, no tirando una ley por la cabeza.
Yo creo que, pese al idealista atractivo que tiene sobre mí el socialismo, no hay un modo mejor de desarrollar un país que con una economía capitalista, regulada por un estado activo, serio y responsable. Lamentablemente estamos muy lejos de eso. Pero la responsabilidad en este caso no es solo del Estado, que consistentemente por exceso (momento actual) o por defecto (década del 90) malentiende su rol en este esquema. También tienen una enorme responsabilidad una parte de los empresarios que conducen empresas en la Argentina de manera irresponsable, valiéndose de la debilidad institucional y la corrupción para hacerse de negocios espurios u obtener prebendas y rentabilidades extraordinarias. Las mismas empresas que en sus casas matrices tienen intachables códicos de ética y de conducta, aplican una lógica de rapiña y saqueo cuando vienen a hacer negocios a este «patio trasero». Y muchas empresas argentinas ni siquiera tienen un mínimo código de ética.
Hace un tiempo escuché los resultados de una encuesta de AEA en la que los Argentinos estábamos en el nivel más bajo de Latinoamérica respecto de creer que la empresa privada hace un aporte positivo al país. Esa mala reputación está tan justificada como la del estado argentino, dado que siempre vivimos en un capitalismo berreta, donde empresas como Repsol, con su política de desinversión y máxima extracción de dividendos, también nos condena a más años en que decir en la Argentina «soy empresario» sea motivo de vergüenza.
Necesitamos construir a largo plazo un capitalismo serio, con un estado presente que entienda y cumpla bien su rol. Pero el punto de partida debe ser un grupo de empresarios con fuertes valores, honestos y comprometidos con un proyecto nacional, más allá de sus intereses sectoriales, que genere valoración social de la actividad privada. Del lado de los emprendedores nos queda el desafío de intentar contribuir a construir esa clase empresaria nueva.
